SICPA España organizó el pasado 16 de enero la "Mesa Redonda: Implicaciones del comercio ilícito por sectores", en la que participaron José Angel San José Asenjo, inspector jefe de la Brigada de la Policía Científica y jefe de Documentoscopia en Málaga; Miguel Lorite Herrera, teniente de la Guardia Civil - Unidad Técnica de Policía Judicial; Gerard Guiu Ribé, CEO de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema); Enrico Frabetti, director de Política Alimentaria, Nutrición y Salud de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB); y Óscar Mateo, director de Conocimiento de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA). Durante el encuentro, moderado por Fabián Torres, Director de Desarrollo de Negocio de SICPA España, representantes de las asociaciones sectoriales económicas más afectadas, así como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, contextualizaron el problema e identificaron la naturaleza multidisciplinar y transnacional del fenómeno, además de coincidir en la importancia de concienciar y sensibilizar al consumidor para prevenir el comercio ilícito, entre otras medidas.

Óscar Mateo, director de Conocimiento de STANPA, apuntó que “la industria de perfumería y cosmética es un sector resiliente, relevante y que ofrece un producto muy valorado y codiciado por el consumidor, lo que lo hace más vulnerable hacia las falsificaciones. Además, se trata de un sector con una legislación muy exigente en cuanto a seguridad; y las marcas cumplen con la legislación, pagan impuestos y generan empleo, pero compiten con otros que son delincuentes, todo un reto para la industria”. Para el responsable de STANPA, "la Administración debe ser más contundente en las penas y la Justicia tiene que ser más ágil y más sensible. Nos sentimos desprotegidos por la Administración, no por las fuerzas de seguridad”, aclara.

No obstante, Óscar Mateo también quiso señalar que "las cifras de pérdidas de ventas por falsificaciones en el sector de perfumería y cosmética se han reducido prácticamente a la mitad desde 2017/2018, pero continúa siendo una problemática muy importante. Por tanto, necesitamos concienciar a los consumidores para informar del riesgo para la salud que supone el uso de las falsificaciones”.

En la mesa también participaron responsables de otros sectores y agentes implicados, como José Ángel San José, inspector jefe de la Brigada de la Policía Científica y jefe de Documentoscopia en Málaga, por donde pasa un 30% del volumen general de falsificaciones de nuestro país. Según San José, las penas no están adecuadas al volumen de dinero que se mueve, no son proporcionalmente adecuadas, y los controles son insuficientes. ”Es cierto que ha descendido el top manta, pero el negocio ha crecido exponencialmente en internet". 

Por su parte, Miguel Lorite, teniente de la Guardia Civil - Unidad Técnica de Policía Judicial, también utilizó su tiempo de intervención en la mesa para resaltar los beneficios del fraude y las falsificaciones para el crimen organizado y ligarlo al bajo reproche penal que acompaña esta situación, aunque también señaló los beneficios de iniciativas como la plataforma multidisciplinar EMPACT y “el mantenimiento de operaciones recurrentes de las Fuerzas de Seguridad, coordinadas por Europol e Interpol” como herramienta fundamental para luchar contra unas falsificaciones que cada vez son de mejor calidad.

“Recordemos que España es el segundo país europeo por volumen falsificación intencionada, lo que supone la pérdida de 1.500 millones de euros y cerca de 15.000 puestos de trabajo. Comprar una falsificación a conciencia desnuda al consumidor frente a cualquier dificultad de pueda surgir en el futuro”, advirtió Gerard Guiu, CEO de Andema.

Enrico Frabetti, director de Política Alimentaria, Nutrición y Salud de la FIAB, también aprovechó su intervención para denunciar el peligro que suponen estas actividades ilícitas para los consumidores, con la pérdida de confianza hacia la empresas y hacia el sistema, hacia las autoridades y los sistemas de control, como consecuencia más grave. “Más allá de la pérdida económica, más allá del dinero y la salud, nos preocupa la pérdida de confianza", señaló Fabretti. 

Informe "Situación del comercio ilícito y fraude en España, Europa y resto del mundo"

Tras la mesa redonda, Martín Sarobe, CEO de SICPA España, presentó el informe "Situación del comercio ilícito y fraude en España, Europa y resto del mundo", un documento dirigido a concienciar a la sociedad del problema que supone el fraude y el comercio ilícito para la salud, la economía, el empleo y el medioambiente. 

Entre algunos de los datos más destacables del estudio, Sarobe señaló  que en España se calcula que el impacto porcentual en el PIB de las falsificaciones se sitúa en torno al 25%, con unas pérdidas directas de ventas por falsificaciones de 6.766 millones de euros al año y más de 50.000 empleos perdidos. El informe apunta que en toda la UE estas pérdidas se estiman en torno a los 55.000 millones de euros año año y 467.000 empleos.

Sarobe también hizo referencia al impacto de las falsificaciones a nivel social, en cuanto a que un tercio de los europeos (31%) considera que las falsificaciones son una alternativa aceptable en caso de que los precios de los productos auténticos sean altos; un porcentaje que en la franja de 15 a 24 años alcanza el 50%. En este sentido, explicó que "el consumo de productos falsificados entre los jóvenes españoles es una realidad que no para de aumentar en los últimos años. Según los últimos datos publicados por la EUIPO, el 45% adquirió a propósito una falsificación de cualquier tipo. El dato de España se sitúa por encima del 37% de la media europea, que en en 2019 sólo era de un 14%".

A modo de conclusión, tras la presentación del informe y la mesa redonda, Sarobe puso de manifiesto la necesidad de solucionar el problema aplicando un enfoque integral -a través de una actuación firme y conjunta por parte de todos los sectores económicos y sociales implicados, tanto públicos como privados-. 

Por otro lado, otra de las conclusiones a las que se ha llegado es que "es ya urgente la implantación de medidas que ayuden a coordinar las actuaciones, la armonización y reforzamiento de las legislaciones antifraude, la optimización del sistema de recogida y el manejo de datos estadísticos para conseguir una mayor sensibilización y formación de los ciudadanos sobre la realidad de este fenómeno". 

"El fraude y el comercio ilícito son un problema grave y al alza, que no sólo se ha visto impulsado por el delicado contexto internacional, sino que está siendo espoleado por el adormecimiento de las conciencias de los ciudadanos, que no son capaces de ver el tremendo agujero económico que estas prácticas fraudulentas suponen para estados, empresas y contribuyentes ni las numerosas y aún más peligrosas consecuencias para el medioambiente y su propia salud y seguridad", concluyó.